La educación pública en la Comunidad de Madrid está en caída libre, y no sólo por el abandono de la Consejería de Educación. Se trata de un ataque directo a las bases pedagógicas, a los medios materiales y humanos que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la educación pública y de su más claro objetivo, que el alumnado de hoy esté en las mejores condiciones posibles para dirigir la sociedad de mañana.
Antecedentes
Llevamos años en los que la inversión en educación pública ha ido retrocediendo hasta límites desconocidos. Sirva, por ejemplo, mencionar que la inversión en las Universidades públicas ha caído un 79% en cuatro años, o que en nuestro distrito de Barajas no se ha construido un solo equipamiento educativo público desde que la Comunidad asumió las competencias en educación. Sólo se han construido dos escuelas infantiles gracias a los fondos del Plan E del Gobierno de España. A esta caída en la inversión, se suma la caída lenta pero constante de los presupuestos de los colegios e institutos para gasto corriente, o el retraso en el abono de facturas básicas como la luz, el agua o la calefacción.
Además de los recortes económicos, se han ido eliminando paulatinamente plazas de profesorado, siendo más de mil los docentes de primaria y secundaria que el curso pasado no pudieron volver a ocupar su puesto, con la pérdida de calidad que ello significa.
El ataque directo en el curso 2011-2012
En julio, la Consejería de Educación, publicó las instrucciones de inicio de curso 2011-2012, unas instrucciones que suponen un ataque directo a la educación pública. En ellas se eliminaban las horas de tutorías, y se obligaba a los docentes de secundaria a realizar 20 horas lectivas. Aunque la presión de la Comunidad Educativa, apoyada por la LOE, consiguió que se diera marcha atrás a la supresión de las horas de tutoría, no se han obtenido los mismos resultados con la ampliación del horario lectivo de los docentes.
Las consecuencias de la ampliación de este horario se han traducido en:
- Dejar en la calle a más de 3.000 docentes.
- Más clases y, por lo tanto, más alumnos y padres/madres a los que atender, imposibilitando la adopción de medidas personales de atención a la diversidad y de atención a alumnos con necesidades educativas especiales.
- Grupos más saturados, superando en la mayoría de las ocasiones el límite legal de los 30 alumnos por aula.
- Imposibilidad de contar con horas necesarias para actividades fuera del horario lectivo, desdobles, o atención a las bibliotecas de los centros.
- Especialmente significativo es el descenso en el número de orientadores, y la desaparición casi completa de pedagogos y logopedas de los centros educativos.
- Obligación a los profesores que permanecen de impartir asignaturas ajenas a su especialidad para poder cubrir el horario solicitado.
Ante esto, toda la Comunidad Educativa se ha levantado. La totalidad de los sindicatos de profesores, los padres y madres asociados a través de la FAPA Giner de los Ríos, el Sindicato de Estudiantes, la Asociación de Directores de Enseñanza Secundaria de Madrid, todos hemos dicho que estas instrucciones de inicio de curso están dañando irreparablemente la educación pública madrileña.
La respuesta de la Consejería de Educación ha sido decepcionante. Ha pretendido acallar las protestas con subidas de salarios y bonificaciones a los profesores. Y los docentes lo han dicho muy claro: no se trata de una protesta para mejorar las condiciones laborales, sino para mejorar las condiciones en las que se imparte la educación pública.
Perspectivas de futuro
Si el presente es desolador, la perspectiva de futuro es un erial. Los presupuestos del año que viene en la Comunidad de Madrid contemplan la eliminación de más de 1.200 docentes de primaria y secundaria, lo que agravará aún más esta ya penosa situación.
Se une, además, a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con las que quería “reflexionar” sobre la garantía de la gratuidad sólo para la enseñanza obligatoria, lo que significa que la educación infantil, el bachillerato, los ciclos formativos superiores de FP, la universidad, las escuelas de música, las de idiomas, o las de personas adultas, serán costeadas por los usuarios, expulsando de la educación a los más desfavorecidos y a un amplio sector de la clase media que no tiene posibilidad de ahorro para costear la educación privada.
El programa del partido al que pertenece la presidenta de la CAM para las elecciones del 20N, ahonda aún más en esta herida al querer aumentar un año más el bachillerato, que saturará aún más los ya abarrotados IES, y que expulsará aún a más familias del previsible bachillerato costeado por el usuario.
Conclusión
El curso 2011-2012 se ha convertido en la piedra angular sobre la que gravitará la existencia de una educación pública, gratuita, universal y de calidad en el futuro, o su conversión en centros masificados de beneficiencia para familias con pocas capacidades económicas. Del resultado de la lucha de toda la Comunidad Educativa contra las instrucciones de inicio de curso dependerá que, en este curso y en los futuros, existan garantías de educación de calidad con equidad, o no.
Alberto López Langa, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Barajas
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